sábado, 24 de febrero de 2007
CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO
Y parece que vamos a seguir topando. El acuerdo establecido en 1979 entre el Estado Español y la Iglesia Católica debe ser revocado. En caso contrario, el encontronazo parece inevitable.
No comprendo cómo los consecutivos gobiernos socialistas han adoptado posiciones tan timoratas frente al evidente poder fáctico que representa la jerarquía católica en el seno de un estado aconfesional, como el que se supone que consagra la Constitución.
El caso de la religión en los centros de enseñanza es el botón de muestra más llamativo. No entiendo por qué razón existe esa asignatura en todos los niveles de enseñanza no universitaria, sea cual sea su grado de voluntariedad y su peso en las calificaciones escolares. Por cierto, que el último quiebro del Gobierno para resolver la papeleta en la aplicación de la LOE resulta francamente cómico.
A mayor abundamiento, el nombramiento del profesorado catequista por parte del obispado, pero con los gastos del festejo a cargo de la hucha pública, pasa muchísimo de la raya. Supongo que los Colegios Profesionales podrían exigir a su vez atribuciones para designar (a dedo, por cierto) los profesores de las materias correspondientes.
Yo no pienso en meterme si la Iglesia Católica hace bien o mal a la hora de nombrar profesores virtuosos y rechazar a los libertinos. Digo lisa y llanamente que en los centros mantenidos con fondos públicos no hay que sostener una materia doctrinal y extra-académica en ningún caso.
Y el Tribunal Constitucional, que sentencia lo que le parezca, porque es a los políticos, no a los jueces, a quienes compete legislar de acuerdo con la Constitución y revocar todo acuerdo que comprometa los principios en ella establecidos.
Esta lenidad eclesiástica, ¿a qué obedece? ¿Es que los socialistas tienen que agradecerles a los obispos el buen trabajo de la COPE a favor de la convivencia ciudadana? ¿O tal vez su imparcial y muy cristiana posición en las movidas ultraderechistas de maese Alcaraz?
Otra cosa distinta sería que el Estado subvencionase de un modo u otro las actividades catequísticas de una Iglesia que aún parece ser mayoritaria en España, pero fuera por completo de lo institucional, fuera, desde luego de los centros docentes.
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